DE PISCINAS MUNICIPALES DESBORDADAS POR NO RESIDENTES

Algunos ayuntamientos de la isla están estableciendo tasas para acceder a las piscinas municipales diferenciadas para residentes y no residentes, ante situaciones de sobreocupación provocadas por turistas o personas procedentes de otras localidades.

Sin embargo, el magistrado del Tribunal Supremo Dimitry Berberoff acaba de poner una sentencia, de fecha 20 de julio de 2023, estableciendo la siguiente doctrina: "Un ayuntamiento no puede establecer diferencias cuantitativas en una tasa por la utilización de frontones, piscinas e instalaciones polideportivas municipales, atendiendo a que los usuarios estén o no empadronados en el municipio, al no erigirse el empadronamiento, en este caso, en un criterio razonable y objetivo a los efectos de justificar aquellas".

El Ayuntamiento de Bergara había establecido una tasa diferente para residentes y no residentes en frontones, piscinas e instalaciones municipales alegado que los residentes contribuyen con sus impuestos y los no residentes, no. El magistrado considera inadecuado dicho fundamento argumentando que alguien que tenga un negocio en el municipio tributa y sin embargo no se beneficiaría del descuento, por lo que no considera que la distinción sea razonable.

En nuestra opinión, este tema no queda cerrado, aunque la sentencia va a dificultar su abordaje en el futuro. No queda cerrado porque los ayuntamientos que utilizan esa diferenciación en el importe de las tasas para acceder a determinados servicios no obligatorios, como las piscinas, realmente no lo hacen con una mera intención recaudatoria, sino como medio al servicio de otras finalidades que podrían considerarse legítimas, esto es, al servicio de otras políticas. Por ejemplo, algunos pueblos de la España vaciada premian a quienes, a pesar de las dificultades, permanecen en el pueblo, o, en nuestra isla masificada por el turismo, para permitir que los residentes accedan a servicios municipales en vez de verse desplazados por turistas. ¿Qué quizá haya que perfilar jurídicamente la tasa y aludir, en vez de residentes, a cualquiera que pague impuestos municipales en la localidad de que se trate? Quizá. Hay que buscar los mecanismos para que los ayuntamientos puedan contribuir también con la política fiscal a la ordenación de los flujos humanos.

BURKINA FASSO O CÓMO NOS VENDEN EL AGUA

Recuerdo en Burkina Fasso la imagen de las mujeres acarreando agua en grandes recipientes sobre su cabeza (a menudo con un niño cargado a la espalda). Las mujeres andaban largos trechos, al margen de la carretera de tierra rojiza que todo lo empolvaba, desde alguna remota fuente hasta su aldea. Me imagino su cara de estupor si vieran a los hombres y mujeres de nuestra isla igualmente cargados con botellones de agua desde el supermercado hasta su vivienda, pese a disponer de agua corriente (y potable) cómodamente suministrada a domicilio y a un precio asequible. ¿Por qué, se preguntarían?

En mayo de 2003 la revista “Emprendedores” incluía un artículo subtitulado “Coca Cola, Pepsico, Damm, Osborne: por qué los gigantes atacan el mercado del agua”. Estas multinacionales habían decidido diversificar su producción potenciando o creando sus propias marcas de agua por la excesiva madurez de sus sectores de origen (cerveza, refrescos, licores) en los que a largo plazo no se esperaban importantes crecimientos y porque simultáneamente el sector del agua envasada estaba en fase de expansión con incrementos medios del 10%. En la misma línea, el 14-3-2004 el diario “El Mundo” hablaba de “La guerra por el control del agua envasada: Danone, Vichy, Nestlé y Pascual se disputan el monopolio de un mercado que mueve en España cerca de 500 millones de euros y ofrece grandes expectativas de crecimiento”.

Las potentes campañas desplegadas por las grandes empresas consiguieron, contra toda lógica, que pese a que por nuestros grifos fluye agua potable muchas familias ahora sólo consuman agua embotellada, ignorando el despilfarro de recursos que supone el embotellado y  los residuos adicionales que se generan.

Más aún. Estas compañías ya no se conforman con vender botellines (o garrafas), sino que lo quieren es comercializar la misma agua del grifo, o lo que es lo mismo, el agua ha pasado de ser un derecho de los ciudadanos y un servicio público a ser una mercancía. Su mercancía. 

Las multinacionales, buscando continuamente nuevos nichos de negocio, pretenden explotar el suministro de agua que había sido asumido por las corporaciones locales. Y muchos ayuntamientos, regidos por partidos imbuidos de neoliberalismo o a veces faltos de liquidez y ávidos de allegar recursos, han acordado la privatización de este servicio. El resultado es que en España la mitad del abastecimiento de agua potable está gestionado ya por empresas privadas, que en su mayoría están controladas por sólo dos, Agbar y FCC.

Las reformas de 2013 de la legislación local se dirigieron a apuntalar este estado de cosas, pese a que en el resto del mundo se aprecia un movimiento de remunicipalización con éxitos notables. 

Pero aún con el viento en contra, el derecho a un agua potable salubre y limpia es un derecho fundamental, esencial al pleno ejercicio del derecho a la vida y de todos los derechos humanos. Así lo declaró la Asamblea General de las Naciones Unidas en julio de 2010. No lo perdamos nunca de vista, y exijamos a nuestros representantes públicos que actúen conforme a ello. 

El Tribunal Supremo exige la intervención del abogado en las investigaciones de la Fiscalía.

El Tribunal Supremo establece que las investigaciones de la Fiscalía no pueden prescindir de asistencia letrada aunque no generen actos de prueba.

La Sala Segunda señala que el ciudadano no puede ser despojado “del irrenunciable cuadro de garantías que le asisten” cuando es investigado.

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-establece-que-las-investigaciones-de-la-Fiscalia-no-pueden-prescindir-de-asistencia-letrada-aunque-no-generen-actos-de-prueba

LA GRAN HIPOCRESÍA DE LA DROGA

   Hace poco hablaba con un agente de policía y me explicaba que no disponían de efectivos para dedicar al blanqueo de capitales relacionado con el tráfico de drogas, y se quejaba amargamente de que con los medios que tenían no podían traspasar el nivel de Son Banya. Y después murió alguien que conocía y apreciaba, tras una vida marcada a fuego por la droga: no hay palabras para describir su propio sufrimiento y el de quienes le amaban. Una vez más pensé en la gran hipocresía que estamos viviendo con la droga.

Ya no estamos en los años 80, cuando los heroinómanos, que a menudo contraían el SIDA, tenían un aspecto cadavérico, nos asustaban con sus aparatosos síndromes de abstinencia, y morían jóvenes uno tras otro, a menudo con un largo historial de tirones de bolso. Llegó la metadona, llegó un tratamiento para el SIDA, otro para la hepatitis, llegaron las pastillas y el gran mercado de las drogas sintéticas, llegó el policonsumo, y mientras los drogadictos ya no se morían. Viven, o sobreviven, a menudo desarrollando trastornos mentales, pero ya tienen ese aspecto cadavérico que nos impresionaba. Quizá delinquen menos, o lo hacen de un modo menos violento. El Govern cree que cumple pagando algunos tratamientos de metadona en un servicio ridículo en cuanto a usuarios y prestaciones (mientras una entidad privada y de creación eclesiástica incomprensiblemente monopoliza los fondos públicos para construirse una lujosa sede y engordar su propia estructura), y con esto ya nos conformamos, qué más da. Al fin y al cabo consumen porque quieren, ¿no? Aunque hayan empezado a los trece, catorce, quince años, fumando marihuana mientras se fugan del colegio o los institutos.

Y sí, la policía, la guardia civil, los jueces, no tienen medios, y no tienen medios porque no interesa. No interesa al poder que se llegue más arriba de Son Banya. No interesa que se sobrepase el nivel de la Paca, para entendernos, que se sepa cuántos hombres que usan traje y corbata, que conducen coches deportivos y los cambian cada año, que se compran inmuebles de lujo, que pasan por ciudadanos destacados y son invitados a las fiestas de sociedad y halagados públicamente, se lucran con la droga. Porque Son Banya sólo es el segundo nivel, apenas lo que hay por encima de consumidores y camellos, pero no van ustedes a creer que los gitanos de Son Banya son los que montan las grandes operaciones de droga. Los que la traen de otros países. Los que llenan de droga discotecas, algunas muy conocidas, con total impunidad. Los que hacen de Ibiza el laboratorio donde se experimentan las nuevas drogas sintéticas en Europa. No, no interesa. Porque el poder económico de las drogas, no nos engañemos, se traduce en poder social y político. Donde hay drogas hay corrupción e impunidad. Hay personas que miran hacia otro lado. Hay gobernantes que escatiman medios para su persecución. Hay muchos que sacan tajada. Y eso, eso nos atañe a todos.

Mientras, los ciudadanos actuamos como si la droga no fuera con nosotros, como si se tratara sólo de algo que afecta a personas determinadas, “es su problema”, no el nuestro. De vez en cuando las entidades públicas montan campañas puramente cosméticas para que parezca que aquí se hace algo, mientras se abandona la prevención en los centros escolares, se escatiman los recursos públicos para la deshabituación, nos resignamos a que la policía nunca traspase los límites de Son Banya y lloramos a los muertos. 

MAS DE 500 PERSONAS EN PRISIÓN POR CONDUCIR SIN PERMISO

Según la fiscal adjunta de la Fiscalía de Seguridad Vial Rosa Pérez, desde el año 2007 se han tramitado entre 30.000 y 40.000 procedimientos por conducir sin permiso por pérdida de puntos o por no haberlo tenido nunca. 

En la actualidad hay unas 500 personas en prisión por este delito. 

El Código Penal establece que "El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción."

Es decir, incurren en este delito quienes:

- Conducen tras perder todos los puntos del permiso o licencia para conducir.

-Conducen tras haber sido privados del permiso o licencia por una sentencia judicial, durante el tiempo de la condena. 

- Conducen sin haberse sacado nunca el permiso o licencia, ni en España ni en otro país. 

Generalmente estos casos se suelen tramitar como juicio rápido, con lo que la sentencia es casi inmediata.

La pena se determina en atención a las circunstancias del hecho y del autor. La prisión se aplica a los casos de mayor gravedad, sea porque el autor ha reincidido, sea porque tiene problemas adicionales como la drogodependencia o el consumo abusivo de alcohol, sea por el riesgo creado en una situación concreta. 

LA ONU INSTA A ESPAÑA A PERSEGUIR Y SANCIONAR LOS CONTROLES POLICIALES DE IDENTIDAD BASADOS EN PERFILES RACIALES.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU  en las Observaciones finales sobre los informes periódicos vigésimo primero, vigésimo segundo y vigésimo tercero de España, considera insuficiente la inclusión en la Ley de Seguridad Ciudadana de los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación respecto a los controles de identidad, pues los controles de identificación basados en perfiles étnicos y raciales persisten después de su entrada en vigencia. Por ello insta al Estado español a tomar las medidas necesarias para poner fin de manera definitiva a los controles de identidad basados en perfiles raciales y étnicos y recomienda que estas conductas sean debidamente investigadas y sancionadas adecuadamente.

LA ONU INSTA A ESPAÑA A REINSTAURAR EL ACCESO UNIVERSAL A LA ASISTENCIA SANITARIA.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, en sus Observaciones finales sobre los informes periódicos vigésimo primero, vigésimo segundo y vigésimo tercero de España, ha expresado su preocupación por el hecho de que el Decreto Ley 16/2012 haya restringido el acceso a la asistencia sanitaria universal de los migrantes en situación irregular. El Comité observa que esta medida regresiva tiene un impacto negativo sobre el derecho a la salud de las personas y  recomienda a España que reinstaure el acceso universal a la asistencia sanitaria, a efectos de garantizar el derecho a la salud sin discriminación.

LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ICAIB DENUNCIA LA INOPERANCIA DE LA UE EN LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS REFUGIADAS

26 de FEBRERO de 2016

La Comisión de DDHH del ICAIB critica la inoperancia de las autoridades de la UE en protección de las personas refugiadas

LAWYERPRESS

Anima a la ciudadanía a participar este sábado 27 de febrero en la concentración de adhesión a la Marcha Europea por los Derechos de los Refugiados que tendrá lugar a las 12h en La Rambla

La Comisión de Derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (ICAIB) ha criticado hoy en rueda de prensa la “inoperancia e inacción”, cuando no “falta de voluntad política”, de las autoridades de la Unión Europea  para ofrecer soluciones de protección eficaz y respuestas adecuadas al drama que están viviendo miles de personas refugiadas. Tras recordar que más de 20 millones de personas se han visto obligadas a dejar su país de origen a causa de la guerra o la violencia y que cada año, son cientos quienes se dejan la vida en el mar tratando de alcanzar las costas europeas – más de 400 tan sólo en las primeras seis semanas de 2016-, las abogadas Neus Linares y Pilar Barceló, respectivamente presidenta y miembro de la Comisión de DD.HH., han expuesto los motivos por los que dicha Comisión ha acordado sumarse a la Marcha Europea por los Derechos de los Refugiados, con una concentración que tendrá lugar el próximo sábado 27 de febrero, a las 12 horas, en La Rambla (frente al Colegio de Abogados). La realidad, insisten desde la Comisión, es que pese a que Europa afronta la mayor crisis humanitaria desde la segunda guerra mundial, la Unión Europea muestra una “incapacidad manifiesta” y una acción “cuando menos tibia” en la atención de las necesidades de protección especial y urgente de un colectivo que, no debe olvidarse, “se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema”. Basta recordar en este sentido, ha indicado Neus Linares, que ante un drama de tales dimensiones, los acuerdos adoptados en el seno de la UE se han limitado, por una parte, a realizar un «vergonzoso reparto de cupos» y de distribución de refugiados entre los Estados miembros que, «además de resultar del todo insuficiente, apenas se está aplicando»; y, por otra,  a ofrecer 3.000 millones de euros a Turquía a cambio de que este país pueda cubrir el acceso a los servicios básicos de los miles de refugiados que acoge, «pero también de que controle sus fronteras y restrinja así el tránsito de  estas personas hacia  Europa». A juicio de la Comisión de Derechos Humanos, estas medidas están más dirigidas a «reforzar el control de las fronteras y contener la entrada de los refugiados, que a ofrecer soluciones eficaces de seguridad y protección a estas personas». Eso – añaden- “sin tener en cuenta las decisiones unilaterales y a nuestro parecer ilegales de distintos países europeos, de levantar vallas y alambradas en sus fronteras o, incluso, requisar bienes a los refugiados”. “Todo esto – afirman los miembros de la Comisión- está pasando en países que tienen suscritos tratados y normativas de derecho internacional que les obligan  a proporcionar asilo permanente o temporal a las personas que temen por su vida y/o son objeto de persecución”, obligaciones que – denuncian- no pocos Estados están incumpliendo de forma sistemática”. “No estamos diciendo – ha asegurado Neus Linares- que la gestión de esta situación sea fácil. Ni siquiera decimos que los países no puedan llevar a cabo controles legítimos en sus fronteras. Pero sí que, en todo caso, los controles deben llevarse a cabo con plena observancia de los derechos fundamentales y que la solución pasa porque las autoridades europeas dejen de mirar  a los refugiados como un problema y pasen a considerarlos como lo que son: personas con derechos y necesidades de protección especial a las que se debe de dar cobertura con urgencia. Sábado 27, Marcha Europea por los Derechos de los Refugiados Por todos estos motivos, la Comisión de Derechos Humanos del ICAIB anima a la ciudadanía a participar en la concentración que ha convocado para sumarse a la Marcha Europea por los Derechos de los Refugiados que tendrá lugar, bajo el lema genérico “Pasaje Seguro”, en distintas ciudades europeas el próximo sábado 27 de febrero, a fin de  reclamar a las autoridades de la UE “que estén a la altura de los valores de justicia, igualdad, libertad y solidaridad sobre los que, al menos sobre el papel, fue construido el espacio europeo”· En Palma, la concentración, a la que se han adherido, entre otras, las asociaciones Mallorca Terra d'Acollida, la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, la sección de Palma de Amnistía Internacional y el Colectivo de Educación en Derechos Humanos y Prevención contra los Conflictos, tendrá lugar a las 12:00 horas, en La Rambla (frente a la sede del Colegio de Abogados). En concreto, señalan desde la Comisión de Derechos Humanos, durante la Marcha se reclamará a la Unión Europea que: - Cumpla con las normas internacionales y europeas de asilo y refugio. - Adopte con carácter de urgencia medidas firmes de protección eficaz de la población refugiada. - Facilite a los refugiados vías seguras y legales de acceso al continente europeo, mediante acciones encaminadas a agilizar al máximo los procesos de reconocimiento del estatus de persona refugiada y de concesión del derecho de asilo; a aumentar las plazas de reasentamiento; y a flexibilizar o incluso aumentar las condiciones para que estas personas puedan optar a la reagrupación familiar. Estas vías seguras, dice la Comisión, son fundamentales para evitar la muertes de miles de personas, dado que, consideran, «las medidas de refuerzo o incluso cierre de fronteras no evitarán que las personas que huyen de la guerra sigan llegando en busca de refugio más seguro. Bien al contrario, las medidas de dureza pueden derivar en que los refugiados busqen otras formas de acceso aún más peligrosas”. Campaña de la Abogacía Finalmente, Neus Linares y Pilar Barceló han puesto de manifiesto que, frente a la «inacción política», la reacción de la abogacía no se ha hecho esperar y, en este sentido, han recordado la campaña «Derechos Refugiados» activada hace ya meses por la Abogacía institucional, bajo cuyo paraguas se han puesto en marcha distintas medidas de ayuda, entre las que ha destacado la activación de un registro de abogados voluntarios especializados en materia de inmigración y extranjeria, el en el que ya se han inscrito más de 20 letrados de las islas; el esfuerzo en formación y difusión que está realizando la abogacía institucional; o la cuenta bancaria que, en este caso, mantiene abierta el Colegio de Abogados de Baleares para destinar la cantidad que se recaude a organizaciones implicadas activamente en la atención y la ayuda a las personas refugiadas. Accesible en:  http://www.lawyerpress.com/news/2016_02/2602_16_011.html

MARCHA EUROPEA POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS REFUGIADAS

Más de 40 ciudades españolas se suman a la Marcha europea por los derechos de las personas refugiadas y migrantes “Pasaje Seguro” el 27F

Organizaciones, colectivos y ciudadanos de más de 40 ciudades españolas se han sumado a la Marcha europea por los derechos de las personas refugiadas y migrantes Pasaje Seguro que se celebra el próximo sábado 27 de febrero en más de 100 ciudades de 23 países de toda Europa, incluida España, Estados Unidos (Nueva York) y Canadá (Vancouver).

Con el lema “Pasaje Seguro Ya” la ciudadanía exige a los gobiernos de toda Europa que se establezcan rutas seguras para las personas desplazadas de sus hogares de manera forzosa a causa de guerras y conflictos. De los más de 60 millones de personas que se encuentran en esa situación, un millón accedió a Europa en 2015.

El año pasado murieron 3.771 personas intentando llegar por mar a nuestro continente, en lo que llevamos de año hay 410 fallecidos. Hay que sumar las personas que desaparecen bajo las aguas sin dejar rastro de su existencia y las voces silenciadas de los más de 10.000 niños de las que Europa parece haber perdido el registro y desconoce su paradero.

Las personas que el día 27 alzarán su voz piden la única solución viable: dar una respuesta humanitaria a la salvaguarda de las vidas de estos seres humanos y que se reconozcan sus derechos de forma plena.

En concreto, los colectivos reclaman:

- Rutas seguras en Grecia, en la frontera española y en el resto de Europa.

- Que se agilice urgentemente la reubicación de las personas refugiadas desde Grecia e Italia.

- Visados humanitarios.

- Procesos de reasentamiento.

- El acceso diplomático al asilo en terceros países.

- La suspensión de los acuerdos de retorno y readmisión con países que no respetan los derechos humanos.

- La derogación del Reglamento Dublín.
- Un papel activo de los gobiernos europeos en la resolución de conflictos.
- El control del comercio de armas. 
- Por último, acabar con los discursos, medidas y actitudes denigrantes, racistas y xenófobas contra las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes garantizando un trato digno y justo.

La iniciativa europea de la marcha ha surgido de la organización portuguesa Coragem Disponível-Apoio a refugiados e imigrantes, quien se puso en contacto con Bienvenidos Refugiados España y ciudadanos independientes para extenderlo por nuestro país y el resto de Europa. Diferentes colectivos se han ido sumando a través de un llamamiento en redes sociales.

En Palma, la iniciativa ha sido coordinada por la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados. Nos concentraremos el día 27, a las 12 horas, en La Rambla (a la altura del nº 10), desde donde marcharemos hasta la Plaza Mayor.

Se han adherido movimientos y entidades como la Plataforma Mallorca Terra d'Acollida, Amnistía Internacional, y CEPAC.

RESCATE DE PERSONAS EN EL MAR EGEO

El 5 de febrero, en la librería Ideari (Palma), un voluntario que estuvo rescatando personas durante dos meses en las islas de Farmakonisi y Leros, en el Mar Egeo, nos habló de su experiencia. Transcribo algunos fragmentos de su relato:  

"Mi trabajo se ha desarrollado en Farmakonisi, a 12 km. de la costa turca y en la isla de Leros... En Farmakonisi hay una base militar.

Lo primero que vi fueron chalecos flotando en el mar. Entonces aún no les di el significado que luego supe que tenían...

Los pescadores a menudo encuentran cadáveres en sus redes...

Por donde quiera que vayas encuentras libretas, Coranes, documentos, chalecos... Donde miras encuentras siempre esta presencia humana.

En las embarcaciones, nunca menos del veinticinco por ciento son niños.

Un viaje barato son unos setecientos euros. Esto quiere decir que a mitad del trayecto llega un barco pequeño y se lleva al patrón. Los que se quedan en la barca dependen de que alguien sepa algo de navegación. Generalmente llegan a las rocas y se embarrancan. Si es de noche y con oleaje, mueren más personas.

Cuando llegan, no saben dónde están.

Diferente camino tendrás según lo que pagues... Los viajes más caros valen seis mil euros, tres mil euros, son motoras rápidas y bien acondicionadas con baja ocupación.

Por regla general, van muy hacinados. Menos de veinticinco personas nunca lo he visto.

Se mueve mucho dinero.

Se ven las rocas llenas de chalecos rojos.

A veces el traficante llega, según lo que le paguen, y luego regresa a Turquía.

Se ven muchos barcos hundidos, muchos barcos rotos.

Cuando encontramos una embarcación la llevamos a un pequeño puerto militar de Farmakonisi, luego a Leros. Según la nacionalidad, si se trata de nacionales de Irak, Siria o Afganistán, se les da un permisos de seis meses para circular por la Unión Europea, y mientras pueden pedir refugio en cualquier país. Para los de otras nacionalidades, se les da un permiso de un mes, y no pueden salir de Grecia.  Pero muchos intentan pasar por sirios.

Los rescates son complicados. Les venden chalecos que no flotan, ellos lo saben y llevan el chaleco y además una cámara de aire, que dificulta el rescate.

Primero rescatan a los niños. A veces las madres les besan las manos mientras intentan ponerlos a salvo.

Perder el control en el rescate es muy peligroso.

Llama la atención la falta de infraestructura en la isla para atender a los que llegan.

En la isla está Frontex, barcos grandes que no son eficaces, no se pueden aproximar a las pequeñas embarcaciones de los refugiados para salvarles. Frontex es un proyecto de protección de fronteras, no de busca y rescate como si era Mare Nostrum. No es un proyecto para proteger a la gente, sino para proteger fronteras.

Cuando los rescatamos, les explicamos lo que va a pasar. Tienen mucho miedo a lo que va a pasar. Algunos llevan semanas andando en condiciones muy precarias, y los botes están en condiciones muy extremas. Uno se pregunta cómo se han querido meter en semejantes embarcaciones, y la respuesta es “huyen de las bombas”.

Diariamente hay cadáveres en el agua.

No es sólo gente pobre la que llega. Son personas como tú y como yo.

Cada día llegan unas dos mil personas a Farmakonisi. Hay estructuras de ACNUR  para acogerlas gestionadas por una ong. Luego cada día sale un ferry que los lleva a Atenas.

También se encarcela a gente por inmigración ilegal.

Todo el operativo está por debajo del guardacostas, pero nosotros estamos en el agua y surgen cosas... Llamamos al guardacostas pidiendo instrucciones, y el guardacostas nos dice que actuemos...

Esto era hasta ahora, ahora están empezando a poner problemas, bloquearon las embarcaciones de Proactiva...

Hay mucho dinero y muchos intereses...

Lo que he visto es que las instituciones europeas actúan de un modo criminal, provocando la muerte de miles de personas...

Hay iniciativas de la sociedad civil... En Lesbos unos ocupas han montado un centro de acogida para refugiados para doscientas cincuenta personas...

Hay muchas iniciativas de la gente, pero las instituciones tienen una actuación criminal... Frente a ello se impone la desobediencia civil". 

https://www.youtube.com/watch?v=TvxODwzkdbc

EL TRIBUNAL SUPREMO REFUERZA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN CUANDO SE INFORMA SOBRE TEMAS DE CORRUPCIÓN

El Tribunal Supremo (Sala Primera) en su sentencia de 23 de octubre de 2015 ha reforzado la libertad de expresión frente al derecho al honor cuando se trata de casos de corrupción.

Se parte de la doctrina constitucional. El Tribunal Constitucional afirma que la libertad de expresión comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática. Y adquiere mayor peso cuando se informa sobre temas de corrupción, sobre todo cuando los sujetos implicados ocupan o han ocupado cargos públicos; pues, en tales casos, la comunicación pública de hechos noticiosos o la expresión de una opinión crítica al respecto es, además de lícita, necesaria para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a conocer cómo se gobiernan los asuntos públicos. 

La resolución (de la que ha sido ponente Vela Torres), aplicando la doctrina del Tribunal Constitucional y la propia jurisprudencia de la Sala, establece que las libertades de expresión e información alcanzan el máximo nivel de prevalencia frente al derecho al honor cuando los titulares de éste son personas públicas, ejercen funciones públicas o resultan implicados en asuntos de relevancia pública. 

En el caso concreto, la sentencia tiene en cuenta que: 
1. El demandante/recurrido era una persona de relevancia pública, por ser presidente de una de las mayores empresas constructoras del país. 
2. El artículo periodístico informaba sobre un caso de posible corrupción económica y política de gran significación en la sociedad española contemporánea.
3. Los datos puramente objetivos (información) eran básicamente ciertos.
4. El texto que puede incidir en el derecho al honor del demandante expresa una opinión conectada con los hechos investigados penalmente a los que se refiere en su conjunto la información. 

En estas circunstancias, el juicio de ponderación ha de inclinarse hacia la primacía de la libertad de expresión sobre el derecho al honor, conforme a los criterios jurisprudenciales antes expuestos.

La novedad que se añade es la precisión de que la libertad de expresión adquiere mayor peso cuando se informa sobre temas de corrupción, sobre todo cuando los sujetos implicados ocupan o han ocupado cargos públicos; pues, en tales casos, la comunicación pública de hechos noticiosos o la expresión de una opinión crítica al respecto es, además de lícita, necesaria para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a conocer cómo se gobiernan los asuntos públicos. 

Información procedente del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.

LOS PRESOS PIERDEN VISITAS MÉDICAS CONCERTADAS POR FALTA DE MEDIOS PARA EL TRASLADO

Grave situación en el Centro Penitenciario de Mallorca. Los presos se quedan sin visitas médicas porque no hay quien los traslade. Urge una solución, Instituciones Penitenciarias tiene la obligación legal de velar por la vida y la salud de los internos, pero las competencias de Sanidad las ejercen las comunidades autónomas. ¿Cuándo aceptará la CAIB asumir la sanidad de los presos?

http://www.derechopenitenciario.com/noticias/noticia.asp?id=6344

IMPORTANTE SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE EMPLAZAMIENTO DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA AUSENTES DEL DOMICILIO

Sentencia 167/2015, de 20 de julio de 2015

Nos encontramos ante una sentencia del Tribunal Constitucional innovadora en lo que afecta a la especial tutela de las víctimas de violencia doméstica que por este motivo se encuentran ausentes del domicilio en el que se notifica una demanda. 

Los hechos fueron los siguientes: El Banco Popular inició un procedimiento de ejecución hipotecaria contra Juan y contra Carmen. Carmen había abandonado el hogar (en el que permaneció el marido) por ser víctima de violencia doméstica. El Juzgado notificó al marido el requerimiento de pago y el despacho de la ejecución, y el marido explicó que Carmen se había ido del domicilio y no sabía dónde estaba. Finalmente el Juzgado notificó el inicio del procedimiento de ejecución a Carmen por edictos, lo que motivó que en realidad ella no tuviera la oportunidad real de conocer que ese había iniciado ese procedimiento y de defenderse. El banco acabó adjudicándose la vivienda y en ese momento Carmen se enteró de la situación. 

Carmen recurrió a un abogado que pidió se acordara la nulidad de lo actuado alegando que "en la fecha del emplazamiento existía Sentencia firme de condena del marido por malos tratos, orden de protección y alejamiento, por lo que no tenía su domicilio en el de la finca hipotecada y no tuvo en ningún momento oportunidad de defenderse". Esa petición fue desestimada por el Juzgado.

Carmen interpuso recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que estimó la demanda y ordenó la nulidad de actuaciones y su retroacción al momento anterior al requerimiento de pago. 

La fundamentación del TC es la siguiente:  El TC afirma que "con independencia de que el Juez haya agotado todas las posibilidades de investigación del domicilio de la ejecutada, cuando ésta comparezca en el procedimiento e interponga incidente de nulidad de actuaciones en el que ponga de manifiesto que el desconocimiento de un domicilio, a efecto de llevar a cabo en él las correspondientes notificaciones, se debió a la situación de violencia de género que estaba padeciendo, dicha circunstancia debe ser objeto de una especial ponderación por el juez, valorando, en cada caso, la necesidad de salvaguardar el deber de confidencialidad debido a la situación de la víctima.

(...) en este caso, no se protegió eficazmente a la ejecutada, víctima de malos tratos, pues si bien cabe argüir que el Juzgado no conoció la situación de violencia en el momento del emplazamiento, lo cierto es que tal situación fue puesta de manifiesto en el incidente de nulidad de actuaciones sin que fuera debidamente ponderada por el órgano jurisdiccional, lo que resulta a todas luces incompatible con la doctrina de este Tribunal en cuanto a la subsidiariedad de la comunicación edictal en el contexto en que se produce el intento de emplazamiento, por lo que se estima la procedencia del reconocimiento de la vulneración del art. 24.1 CE." 

NUESTRAS CÁRCELES NO ESTÁN PENSADAS PARA PRESOS MAYORES

Según el Ministerio del Interior, mientras la tasa general de criminalidad baja —de 50 infracciones por cada 1.000 habitantes en 2009 a 44,7 en 2014—, las detenciones e imputaciones entre mayores de 64 años aumentan considerablemente —de 3.495 en 2009 a 8.142 en 2014—. 

Los delitos que más cometen los mayores de 64 años son los delitos contra las personas y contra la libertad. En 2014 se produjeron 32 detenciones e imputaciones por homicidio; 1.616 por malos tratos y 345 por delitos contra la libertad sexual. Otro grupo de delincuentes mayores son por delitos económicos: estafas, apropiación indebida...

En Baleares las instituciones penitenciarias cuentan con 46 presos mayores de 60 años, según el Anuari de l'Envelliment Illes Balears 2015. Los delitos más frecuentemente cometidos han sido los delitos contra la salud pública, con un 27'5% del total, seguido de los homicidios, con un 17'34%, los delitos contra la libertad sexual (14'45%, por encima de la media nacional) y delitos contra el patrimonio (9'76%). 

Las condiciones penitenciarias favorecen un mayor envejecimiento físico y cognitivo. 

Los centros penitenciarios no están preparados para atender las necesidades específicas de los presos mayores. Por ejemplo, sus deficiencias auditivas (pueden no oír la llamada para el recuento), sus dificultades de movilidad; sus dolencias y limitaciones físicas y funcionales. Sus horarios son distintos, a veces no pueden realizar las tareas que se les asignan, y no les interesan las mismas actividades que a los jóvenes, como los deportes.

Instituciones Penitenciarias debería empezar a trabajar en esta línea estableciendo las adaptaciones necesarias para adecuar el régimen de vida ordinario en las prisiones a las condiciones especiales que presenta este colectivo.

Datos extraídos del artículo de  Natalia Junquera "¿Por qué está el abuelo en la cárcel?", El País, 14.8.2015, y del artículo "Las cárceles de Balears tienen 43 presos mayores de 60 años", Diario de Mallorca, 16.11.2015.

ABOGACÍA Y DERECHOS

"Cada despacho de abogados debe ser una oficina de defensa de los Derechos Humanos".

Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía.