Recuerdo en Burkina Fasso la imagen de
las mujeres acarreando agua en grandes recipientes sobre su cabeza (a menudo
con un niño cargado a la espalda). Las mujeres andaban largos trechos, al
margen de la carretera de tierra rojiza que todo lo empolvaba, desde alguna
remota fuente hasta su aldea. Me imagino su cara de estupor si vieran a los
hombres y mujeres de nuestra isla igualmente cargados con botellones de agua
desde el supermercado hasta su vivienda, pese a disponer de agua corriente (y
potable) cómodamente suministrada a domicilio y a un precio asequible. ¿Por
qué, se preguntarían?
En mayo de 2003 la revista “Emprendedores” incluía un
artículo subtitulado “Coca Cola, Pepsico, Damm, Osborne: por qué los gigantes
atacan el mercado del agua”. Estas multinacionales habían decidido diversificar
su producción potenciando o creando sus propias marcas de agua por la excesiva
madurez de sus sectores de origen (cerveza, refrescos, licores) en los que a
largo plazo no se esperaban importantes crecimientos y porque simultáneamente
el sector del agua envasada estaba en fase de expansión con incrementos medios
del 10%. En la misma línea, el 14-3-2004 el diario “El Mundo” hablaba de “La
guerra por el control del agua envasada: Danone, Vichy, Nestlé y Pascual se disputan
el monopolio de un mercado que mueve en España cerca de 500 millones de euros y
ofrece grandes expectativas de crecimiento”.
Las potentes campañas desplegadas por las grandes empresas
consiguieron, contra toda lógica, que pese a que por nuestros grifos fluye
agua potable muchas familias ahora sólo consuman agua embotellada, ignorando el despilfarro de recursos que supone el embotellado y los residuos adicionales que se generan.
Más aún. Estas compañías ya no se conforman con vender botellines (o
garrafas), sino que lo quieren es comercializar la misma agua del grifo, o lo que es
lo mismo, el agua ha pasado de ser un derecho de los ciudadanos y un servicio
público a ser una mercancía. Su mercancía.
Las multinacionales, buscando continuamente nuevos nichos de
negocio, pretenden explotar el suministro de agua que había sido asumido
por las corporaciones locales. Y muchos ayuntamientos, regidos por partidos
imbuidos de neoliberalismo o a veces faltos de liquidez y ávidos de allegar
recursos, han acordado la privatización de este servicio. El resultado es que en España la mitad del abastecimiento de agua potable está gestionado ya por empresas privadas, que en su mayoría están controladas por sólo dos, Agbar y FCC.
Las reformas de 2013 de la legislación local se dirigieron a apuntalar este estado de cosas, pese a que en el resto del mundo se aprecia un movimiento de remunicipalización con éxitos notables.
Pero aún con el viento en contra, el derecho a un agua potable salubre y limpia es un derecho fundamental,
esencial al pleno ejercicio del derecho a la vida y de todos los derechos
humanos. Así lo declaró la Asamblea General de las Naciones Unidas en julio
de 2010. No lo perdamos nunca de vista, y exijamos a nuestros representantes públicos que actúen conforme a ello.
